Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) contra los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, núm. 200-04, del veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro (2004), y del artículo 2, numeral 5, de la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, núm. 340-06, del dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006).