Altagracia Salazar
El ruido alrededor del Contrato de Fideicomiso de Punta Catalina inició luego de que fuera aprobado en la Cámara de Diputados. Este país es tan curioso que los partidos de oposición que lo aprobaron en el congreso ahora cuestionen dicho contrato pero somos así y así somos.
Los decretos 538-21 y 539-21 que original dicho fideicomiso y crean el ya famoso Comité técnico fueron emitidos en septiembre pasado y no pasó nada.
Es evidente que la oposición que no se dio cuenta o no se interesó por los contenidos en el espacio congresual y simplemente se montó en la guagua de personas o grupos que, con razón, cuestionan el famoso Fideicomiso. Como oposición sacar capital político de los errores de los demás es correcto.
Ustedes me dirán que el PLD no puede hablar del tema porque en el 2018 Danilo Medina anunció la venta simple de la mitad de la famosa planta. Ustedes pueden recordar que el gobierno de Danilo se estrenó en el uso del fideicomiso y que el contrato actual y el RD vial son iguales excepto por la forma en que se constituye Comité Técnico. Pero la memoria de ustedes no tiene que ser la del PLD
Todos los expertos indican que el Fideicomiso en sí no enajena la propiedad pública pero que los poderes otorgados al famoso Comité Técnico arriesgan dicho patrimonio porque le dan posibilidad de endeudarse sin limites y hasta yo que soy una lega entiendo que si usted debe el valor total de unos activos el balance de su cuenta es cero.
La presencia de Celso Marranzini al frente de dicho comité da credibilidad en el sector privado pero genera ruido en quienes le asocian a los intereses eléctricos. Los demás miembros son empleados o funcionarios públicos.
La verdad es que no entiendo porqué la tozudez del gobierno en reconocer que ese elemento genera ruido innecesario.
Para un gobierno que tiene que enfrentar la posibilidad de un petróleo a cien dólares y una subida de los tipos de interés en los Estados Unidos, defender un elemento a capa y espada me parece innecesario.
Abinader no se ha caracterizado por la terquedad, han variado sus decisiones en distintas ocasiones. Nada más hoy hay un cambio de la decisión política mas ruidosa de los últimos meses, aquella que dio un plazo de tres meses para que las empresas se ajustaran a la ley de migración y contrataran un 80% de mano de obra dominicana y un 20 extranjera. Después de mucha bulla y abrazos ultranacionalistas ayer volvieron a la realidad de que el campo y la construcción no funcionan sin trabajadores haitianos y cambiaron al registro de extranjeros.
El senado no puede modificar el contrato solo puede rechazarlo. Aunque el PRM puede aprobarlo por mayoría mecánica creo que sería un ruido innecesario para el gobierno de Abinader.
Ojalá escuchen, cambien y entiendan que la prioridad ahora es enfrentar la ola que viene desde yanquilandia que para República dominicana puede ser un tsunami.
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